El Tribunal Superior de Justicia Electoral confirmó que el Estado mantiene una deuda aproximada de USD 7,8 millones con diversas organizaciones políticas por subsidios electorales.
Del total, cerca de USD 4 millones corresponden a la ANR, mientras que el PLRA y bloques opositores esperan recibir alrededor de USD 1,2 millones. Los montos forman parte de los beneficios previstos en la legislación electoral para quienes participaron en las últimas elecciones.
La falta de pago refleja las dificultades presupuestarias que atraviesa el Estado y mantiene en incertidumbre a los partidos políticos, que aguardan la regularización de los fondos comprometidos.
