La reciente declaración jurada de Montserrat Alliana vuelve a encender el debate sobre la transparencia en la función pública. A pesar de varios años percibiendo ingresos del Estado, su patrimonio declarado permanece sin cambios, un dato que genera interrogantes sobre la evolución real de sus finanzas.
Aunque no necesariamente implica una irregularidad, la falta de variación patrimonial en el tiempo alimenta dudas razonables en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones ya es frágil.
El caso pone nuevamente bajo la lupa el rol de la Contraloría General de la República, cuestionada por limitarse a la recepción formal de declaraciones sin profundizar en el análisis de consistencia o trazabilidad de los datos.
Más allá de lo legal, el punto central es político: la transparencia no debería reducirse a un trámite, sino a una práctica verificable que sostenga la credibilidad pública.
