Al calificar a Hernán Rivas como un «fruto de la democracia», el presidente Santiago Peña confunde la legitimidad del voto con la impunidad ante la sospecha de fraude.
Delegar la responsabilidad únicamente a la Justicia —en un sistema judicial cuestionado— se percibe como un respaldo político que prioriza el pactismo por encima de la ética pública. La democracia exige idoneidad, no solo votos; defender lo indefendible debilita la integridad de las instituciones que el Ejecutivo afirma proteger.
